Colaboradores se ven afectados por montos que cobran intermediarios legales en su defensa

 

Por Kathia Hernández

Santo Domingo.- Está a conocimiento de la mayoría de la población las discordias o diferencias que surgen en los procesos de entrega de prestaciones laborales entre la empresa, el empleado y un intermediario legal.

El pasado domingo 14 de febrero, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), apoyaron los señalamientos  realizados por los Presidentes de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) y, la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) en el sentido de la existencia de abogados que junto a falsos trabajadores demandan empresas para exigir de forma fraudulenta pago de prestaciones y compensaciones para estos.

Añadido a este tópico, este medio inició averiguaciones sobre demandas a empresas, que si son por empleados reales, pero que por desconocimiento y quizás “malas prácticas” del Ministerio de Trabajo, las prestaciones laborales le son calculadas por un monto máximo al real que le corresponde al colaborador.

Empresas declararon a nuestro medio que “un colaborador firma por su salario base, el cual está estipulado en su contrato, pero se le informa que obtendrá dieta y combustible como parte de su herramienta de trabajo. Cuando el colaborador va al MT le informa de estos montos y ellos calculan en base a ese total, que en realidad no es su salario estipulado ni por el cual el empleado firmó el contrato”.

Según declaraciones de un abogado en materia laboral consultado por este medio “el Ministerio de Trabajo lo que toma en cuenta es lo que recibe el colaborador y lo que se le reporte en su nómina quincenal  o mensualmente. No toma en cuenta el contrato por ambas partes, tampoco solicita ningún tipo de documento que avale lo que dice el empleado. Es tanto así que muchos van y lo dicen de boca”, afirmó.

Resaltó que por consiguiente el colaborador se dirige a la empresa con una idea de lo que supuestamente le corresponde, cuando en la empresa ya han calculado en base a su contrato y con el desconocimiento de que lo depositan en la nómina (que muchas veces lo hace para facilitar la labor diaria del colaborador), solo debe ser el salario y no el monto de las herramientas de apoyo.

Destacó que esto inicia una disputa entre la empresa y el colaborador, y este último se ve en la obligación de buscar un abogado, que en la mayoría de los casos no conoce y son recomendados por vías tarjetas de presentación por buscones que rondan el MT.

El Empleo realizó averiguaciones y encuestas a colaboradores en vías de demanda y resaltaron que sus abogados le cobran hasta o más del 30% de las prestaciones que le correspondan.

“Nosotros las empresas incluso estamos en esta batalla, tanto por nosotros como por el colaborador que alguna vez trabajó en nuestra compañía, porque nos apena el hecho de que estas personas, que según ellos son profesionales en la materia, estafen a la gente con falsos sueños. Es triste ver que un empleado tenga que pagar por engaños y sumado a esto, esperar hasta meses en vía de demandas para recibir sus prestaciones laborales, que a veces el MT calcula sin tomar en cuenta los detalles de vacaciones y otros factores. Lo único que hacen es confundir al colaborador en vez de informarle y explicarle”, señaló una empresa que decidió mantenerse bajo anonimato.

 

Reforma del Código Laboral

Empresarios afirman y apoyan que las demandas falsas y las que surgen por desconocimiento de los colaboradores se reducirían siempre y cuando se reforme el Código Laboral de República Dominicana.

El CONEP señaló en un comunicado publicado en su página web,  que esta es una de las principales razones por la cual desde el año 2013 viene impulsando su propuesta de reforma al Código de Trabajo como una forma de evitar que sucedan más embargos ilegales o demandas inescrupulosas que dejan en ruinas a aquellos empresarios y microempresarios que con gran esfuerzo buscan emprender un negocio para sustentarse.

Manifestó que los preceptos normativos contenidos en el Código Laboral vigente, el cual  data del año 1992, responden a una realidad distinta a la actual y sirven de nicho para actuaciones vandálicas de abogados que se dedican a crear situaciones ficticias para demandar a empleadores o a la compra de casos a los supuestos empleados, para su beneficio personal.

Refirió que tenemos un Código que no se ha modificado desde hace 24 años, mientras nuestra economía y las relaciones laborales han ido cambiando al ritmo de los nuevos tiempos, lo cual implica que la legislación actual está desfasada, colocando a la República Dominicana en  desventaja para ser más productivos y competitivos frente a otros países de la región.

El CONEP insiste en que debe culminarse el proceso de reforma y presentarle a la ciudadanía un nuevo Código de Trabajo, que promueva el desarrollo de relaciones armoniosas entre empleadores y empleados, así como beneficios que mejoren su calidad de vida, al tiempo que contribuya con el desarrollo sostenible del país.

Mientras que Joel Santos, presidente de Copardom expresó que “desde hace años esta entidad ha denunciado esta GRAVE situación y hemos puntualizado que las prácticas fraudulentas de estas mafias de abogados no solo abarcan el sector de la construcción, hemos registrado casos de embargos en hoteles atestados de turistas, en empresas industriales y comerciales asentadas en Santiago y otros puntos del país”.

Santos aseguró que estas mafias han abusado de los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo, creándose distorsiones que al pasar de los años generan perjuicios al sector productivo y pérdida de imagen internacional para la República Dominicana.

Como ejemplo, citó  las llamadas “VENTA DE CASOS a profesionales del Derecho, quienes mediante indelicadezas explotan los trabajadores privándolos de sus derechos, desconocen las normas jurídicas elementales, el espíritu justo del legislador, ejecutan embargos a empresas de diversa índole, escudándose en sentencias de primera instancia lo que se constituye en una debilidad de nuestro ordenamiento jurídico y, una debilidad a la seguridad jurídica que pregonamos como sociedad que compite por capital e inversión extranjera en los mercados internacionales”.

Para el Presidente de COPARDOM, la necesidad de abordar adecuadamente este problema hace urgente retomar las discusiones para readecuar el Código de Trabajo.

“Dentro de la readecuación del Código de Trabajo se contempla actualizar los aspectos procedimentales previstos en la actualidad con el objetivo de evitar las indelicadezas que permite nuestro marco jurídico laboral en la actualidad”.

Joel Santos exhortó a retomar de inmediato las tareas de discusión y consenso de una nueva ley laboral que se constituya en una herramienta de fomento del empleo formal, la seguridad jurídica, la formalidad, la competitividad y el desarrollo del sector productivo.

“En el pasado logramos consensuar el actual Código de Trabajo y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, por qué no repetir un logro como estos? No hacerlo, implica mantener para beneficio de muy pocos, situaciones que debemos superar”, concluyó.