1 (79)_optEn los países sub-desarrollados, como República Dominicana, existe una constante demanda de capital humano profesional y capacitado, para así lograr el desarrollo de la institución y por ende del país, y teniendo a su vez un impacto directo en la calidad de vida de la persona. Por tal razón nuestro código de trabajo en su Título III, le otorga derechos al empleado para recibir formación profesional, y a su vez obliga al empleador a ofrecer dicha formación (Arts. 255-257 CT Rep. Dom.).

El Art.225 ofrece la opción de que la formación profesional sea realizada mediante contrato, donde el trabajador se obliga simultáneamente a prestar un trabajo y a recibir formación, mientras que el empleador se obliga a retribuir el trabajo y a proporcionar una formación que le permita desempeñar el puesto de trabajo.

Mientras que el Art.256, establece la formación profesional como un derecho del trabajador a que su empleador le proporcione capacitación en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y su productividad, conforme a sus servicios y los requerimientos de la empresa, a su vez dispone que la formación será obligatoria y gratuita para el trabajador cuando sea requerida por la empresa para mejorar su desempeño laboral. En la práctica, se traduce al hecho de que el empleador realizar un entrenamiento previo a empleado recién contratado sobre la empresa y sus funciones dentro de ellas, otro ejemplo es, que son los mismos empleados que le presentan a su empleador programas de formación profesional de su área, ya que normalmente las empresas tienen un presupuesto para la capacitación y formación continua de sus empleados.

Muchas empresas utilizan el Art.257, el cual establece que el empleador podrá establecer sus propios planes de formación profesional o adherirse a los planes y programas formulados por el Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), en el caso de hacer sus propios planes, lo hacen mediante la carta de objetivos, la cual es actualizada todos los años, donde le incluye al empleado cierta cantidad de cursos, diplomados o certificaciones dirigidos a su área de labor, de acuerdo a las necesidades del mismo.

Estas obligaciones quedan excluidas en el caso de prácticas profesionales realizadas por estudiantes al amparo de la legislación educativa vigente como parte integrante de sus estudios académicos.

 Otilio Sánchez